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La resolución judicial, emitida el 29 de enero de 2026, establece que el terminal tiene carácter privado y no está sujeto a un contrato de concesión estatal, lo que limita la intervención del organismo supervisor peruano.
Tras conocerse la decisión, el Poder Ejecutivo anunció que presentará recursos legales para que el fallo sea revisado por instancias superiores del Poder Judicial del Perú.
El magistrado detrás del fallo
Juan Carlos Núñez Matos es abogado colegiado ante el Colegio de Abogados de Lima y ejerce funciones como juez supernumerario, condición que implica un nombramiento provisional dentro del sistema judicial peruano.
Fue designado como magistrado mediante resolución administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima en 2023 y posteriormente asignado al Primer Juzgado Constitucional de Lima en enero de 2025.
Antes de ejercer como juez, se desempeñó como especialista legal en juzgados civiles, donde participó en la elaboración de resoluciones judiciales y análisis técnico de expedientes.
Su nombramiento corresponde a una designación administrativa y no a un proceso de nombramiento permanente mediante concurso público ante la Junta Nacional de Justicia.
Decisiones judiciales relevantes y controversiales
Durante su ejercicio como juez constitucional, Núñez Matos ha emitido resoluciones en procesos de alto impacto público, algunas de las cuales fueron posteriormente revisadas por instancias superiores.
Anulación de investigaciones contra el congresista José Luna Gálvez
En 2025, el magistrado emitió una sentencia que anuló investigaciones fiscales por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal contra el congresista José Luna Gálvez.
Sin embargo, la resolución fue posteriormente revocada por una Sala Superior del Poder Judicial, que restableció la continuidad de las investigaciones fiscales.
Suspensión de investigaciones en caso vinculado a presunto narcotráfico
En 2024, el juez concedió una medida cautelar que suspendió actos de investigación fiscal contra el empresario Miguel Arévalo Ramírez, conocido como “Eteco”, investigado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.
Las medidas cautelares son decisiones judiciales provisionales que pueden ser revisadas por instancias superiores conforme al sistema judicial vigente.
El fallo sobre el Puerto de Chancay
El caso más reciente involucra el Puerto de Chancay, ubicado en la ciudad de Chancay, al norte de Lima.
El proyecto representa una inversión aproximada de 3,500 millones de dólares y es operado por una subsidiaria de COSCO Shipping Corporation, empresa estatal de la República Popular China.
La estructura accionaria es la siguiente:
60%: COSCO Shipping Ports (empresa estatal china)
40%: Volcan Compañía Minera (empresa peruana)
En su resolución, el juez concluyó que el terminal fue financiado con inversión privada y no está sujeto al régimen de concesión estatal, por lo que OSITRAN no debe ejercer funciones regulatorias sobre la infraestructura.
Gobierno apelará decisión judicial
Tras la emisión del fallo, el Gobierno peruano anunció que presentará los recursos legales correspondientes para que el caso sea revisado por una Sala Constitucional Superior.
Esta instancia podrá confirmar, modificar o revocar la resolución emitida por el magistrado.
El proceso judicial continúa en curso y no existe aún una resolución definitiva firme.
Infraestructura estratégica en revisión judicial
El Puerto de Chancay es considerado uno de los proyectos logísticos más importantes del Perú y una pieza clave para el comercio internacional entre Sudamérica y Asia.
La resolución final del proceso judicial definirá el alcance de la supervisión estatal sobre esta infraestructura estratégica.
Estado actual del caso
El fallo permanece en etapa de apelación y será evaluado por instancias superiores del sistema judicial peruano, conforme al debido proceso.
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